Quiénes somos

Historia

Católicas por el Derecho a Decidir nace formalmente como organización el 3 de agosto de 1994, gracias a la iniciativa de Frances Kissling (entonces Presidenta de Catholics for Choice) y Sarita Hudson, construyendo sobre el trabajo previo de otras aliadas como Silvia Marcos y Julián Cruzalta. En ese año, tan significativo y complejo para la vida política nacional, nos constituimos como una organización de creyentes que, desde una perspectiva ética, católica y feminista, nos sumamos a la defensa de los derechos humanos de mujeres y jóvenes, en particular los sexuales y reproductivos, incluido el acceso al aborto seguro y legal, y su vinculación con la justicia social, la democracia y la laicidad.

Desde entonces, hemos elevado las voces de millones de personas creyentes cuyas convicciones divergen de las oficiales; para difundir argumentos católicos alternativos a las posturas conservadoras de la jerarquía católica y de otros sectores sociales, con miras a transformar actitudes y prácticas sociales y culturales que limitan el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Así, a lo largo de más de 27 años hemos fomentado el respeto a la autoridad moral de las mujeres y personas con capacidad de gestar para que puedan tomar decisiones sobre su vida, a la vez que hemos impulsado que las personas puedan disfrutar de su sexualidad de forma placentera, libre e informada, exenta de miedos, culpas, vergüenzas. También hemos visibilizado que la comunidad de creyentes es diversa y cambiante, y hemos fomentado valores de respeto e inclusión de las diversas orientaciones sexuales, e identidades y expresiones de género.

Paralelamente, hemos trabajado por deconstruir los estereotipos de género que reproducen discriminación y violencias, mientras vigilamos que el Estado cumpla con su papel de garantizar los derechos humanos de todas las personas. En suma, hemos avanzado valores liberadores y esperanzadores de una Iglesia y una sociedad distintas, que han tenido un efecto de desculpabilización entre personas creyentes y de reconciliación con su propia espiritualidad.

Misión

Somos un movimiento de personas feministas católicas, comprometidas con la defensa de los  derechos humanos, particularmente los vinculados a la sexualidad y reproducción humana, y a una vida libre de violencias de género y discriminación. Promovemos la laicidad del estado, la  justicia social y las transformaciones culturales desde la mirada de las teologías progresistas y con un enfoque feminista interseccional.

Equipo

Asamblea de Asociadas y Asociados

María Consuelo Mejía

José Luis Palma

Cindy Clark

Elfriede Harth

Rebeca P. Montemayor

Dirección

AIDÉ GARCÍA HERNÁNDEZ

Directora


Lilián Reyes Gutiérrez

Subdirectora operativa

Área de Incidencia Política y Social

Cinthya Ramírez

Oficial de Movilización Social e Incidencia

Maira Miranda

Responsable de acceso a políticas públicas en Derechos Sexuales y Reproductivos

Julián Cruzalta

Asesor en Teología y Laicidad

ADRIANA LÓPEZ

Oficial de Programa del Área de Incidencia Política y Social

Área de Comunicación y Desarrollo Institucional

Julieta Zacatenco

Oficial de Desarrollo Institucional

ELIZABETH Díaz molina

Oficial de Programas de Comunicación

Área de Administración y Contabilidad

Montserrat Garciacano

Coordinadora Administrativa

Angélica Martínez Martínez

Coordinadora Contable

Irene Ruiz

Asistente Administrativa

Karla Arechar

Asistente Administrativa

Mónica López

Contadora

Red de Católicas por el Derecho a Decidir en América Latina y el Caribe

Somos parte de la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir, articulación de organizaciones hermanas, integradas por personas católicas comprometidas con la búsqueda de la justicia social y el cambio de patrones culturales y religiosos presentes en nuestra sociedad. Desde esta red realizamos acciones conjuntas para lograr un mayor impacto e incidencia en la región. Estamos presentes en México, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Paraguay, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua, y España como país asociado.