Quiénes somos

Católicas por el Derecho a Decidir nace formalmente como organización el 3 de agosto de 1994, gracias a la iniciativa de Frances Kissling (entonces Presidenta de Catholics for Choice) y Sarita Hudson, construyendo sobre el trabajo previo de otras aliadas como Silvia Marcos y Julián Cruzalta, y bajo el liderazgo de María Consuelo Mejía, quién a partir de esa fecha asumió la dirección de CDD y le dio el empuje necesario para convertirla en una de las organizaciones feministas líderes en la defensa de los derechos de mujeres y jóvenes. En ese año, tan significativo y complejo para la vida política nacional, nos constituimos como una organización de creyentes que, desde una perspectiva ética, católica y feminista, nos sumamos a la defensa de los derechos humanos de mujeres y jóvenes, en particular los sexuales y reproductivos, incluido el acceso al aborto seguro y legal, y su vinculación con la justicia social, la democracia y la laicidad.

Desde entonces, hemos elevado las voces de millones de personas creyentes cuyas convicciones divergen de las oficiales; para difundir argumentos católicos alternativos a las posturas conservadoras de la jerarquía católica y de otros sectores sociales, con miras a transformar actitudes y prácticas sociales y culturales que limitan el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Así, a lo largo de más de 27 años hemos fomentado el respeto a la autoridad moral de las mujeres y personas con capacidad de gestar para que puedan tomar decisiones sobre su vida, a la vez que hemos impulsado que las personas puedan disfrutar de su sexualidad de forma placentera, libre e informada, exenta de miedos, culpas, vergüenzas. También hemos visibilizado que la comunidad de creyentes es diversa y cambiante, y hemos fomentado valores de respeto e inclusión de las diversas orientaciones sexuales, e identidades y expresiones de género.

Paralelamente, hemos trabajado por deconstruir los estereotipos de género que reproducen discriminación y violencias, mientras vigilamos que el Estado cumpla con su papel de garantizar los derechos humanos de todas las personas. En suma, hemos avanzado valores liberadores y esperanzadores de una Iglesia y una sociedad distintas, que han tenido un efecto de desculpabilización entre personas creyentes y de reconciliación con su propia espiritualidad..