La decisión de entregar la carta se efectuó en el marco de la audiencia pública del Caso de Beatriz vs El Salvador, que se llevará a cabo el 22 y 23 de marzo de 2023 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Las organizaciones que se dieron cita ante la legación salvadoreña fueron: Amnistía Internacional México, Católicas por el Derecho a Decidir, Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud.
Las organizaciones firmantes lamentamos la postura y la negativa al diálogo por parte de la Embajada de El Salvador en México. Reiteramos nuestro apoyo para la exigencia de #JusticiaParaBeatriz y la reparación integral del daño para su familia. La respuesta dada por la Embajada de la República del Salvador en México no sólo ejemplifica las dificultades a las que se enfrentan las activistas en la región, sino las posturas que obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.
Antecedentes del caso
En 2013, Beatriz mujer salvadoreña de la zona rural del país, fue notificada de un embarazo de alto riesgo debido a enfermedades preexistentes que padecía. Los médicos notificaron que existía un “nulo pronóstico de sobrevida del feto”. Ante la crítica situación ella solicitó la interrupción del embarazo, la cual le fue negada al ser un procedimiento prohibido en El Salvador por el Código Penal.
En mayo del 2013, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo a Beatriz mediante el cual solicitaba que se ordenara a las autoridades del Hospital Nacional de Maternidad la realización de la interrupción del embarazo para salvaguardar su salud y su vida. El 29 de mayo del 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó la interrupción del embarazo mediante medidas provisionales, el cual se realizó 81 días después.
El 3 de junio del 2013, se realizó la interrupción del embarazo. Como lo advirtieron los médicos la bebé no pudo sobrevivir. Y las secuelas que dejó la grave tardanza en la decisión de interrumpir el embarazo fueron irreparables para la salud física y mental de Beatriz, quien falleció en 2017 por un accidente vial. Su cuerpo no pudo soportar una batalla más.
Estamos ciertas de que en su análisis del caso la CoIDH pondrá en el centro los estándares más altos de derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, el acceso a la justicia y la reparación integral del daño, incluyendo las garantías de no repetición.
Igualmente, esperamos que la sentencia a emitirse durante el 22 y 23 de marzo marque un precedente para el reconocimiento, respeto, protección, promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente el derecho al acceso de servicios integrales de aborto seguro, legal y gratuito, para todas las personas en América Latina y el Caribe.
Seguiremos de cerca las futuras acciones u omisiones del Estado de El Salvador en esta materia.
Atentamente:
