Más que un cambio legal, despenalizar el aborto es un acto de justicia reproductiva.
El Congreso de la Ciudad de México ha dado importantes avances a favor de las mujeres,
hombres trans y personas no binaries con capacidad de gestar para garantizar la autonomía
reproductiva y la salud integral.
Con la despenalización en 2007, el aborto estaba permitido durante las primeras 12 semanas de
gestación y cumplido el plazo establecido el acceso era posible por las causales de exclusión de
responsabilidad penal, pero el aborto seguía siendo un delito.
17 años después de la reforma en el entonces Distrito Federal, el jueves 10 de octubre se
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México una nueva iniciativa con proyecto
de decreto para reformar el Código Penal en materia de aborto.
La iniciativa fue presentada por la diputada Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA), a nombre propio y
de todas las diputadas (y algunos diputados) de los diferentes grupos parlamentarios
representados ante el Congreso de la Ciudad de México (excepto del PAN): MORENA, PT, MC,
PVEM, PRI, PRD y otras asociaciones locales. Se turnó a las comisiones unidas de Igualdad de
Género y de Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, mismo que fue aprobado hace
unos días.
Las organizaciones que firmamos este comunicado aplaudimos esta histórica decisión, pues la
iniciativa tendrá efectos positivos en la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar
que decidan abortar. Al eliminar el delito de aborto se reafirmaría que este procedimiento médico
es un tema de salud pública y del libre ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
La Ciudad de México se convertirá en la primera ciudad de América Latina que elimina el delito
de aborto y termina con su criminalización.
La eliminación del delito del aborto es un paso crucial hacia la despenalización social para que las
personas que abortan puedan tomar decisiones sobre su vida reproductiva en contextos de
mayor libertad, sin enfrentar procesos penales ni ser criminalizadas socialmente. A su vez,
fomenta la desestigmatización del aborto favoreciendo el trabajo que realizan el personal de salud
y las personas que brindan acompañamiento.
La autonomía reproductiva es un derecho humano, constituye una dimensión esencial de la vida,
la dignidad y el desarrollo integral de las personas. Despenalizar por completo el aborto es
fortalecer esta garantía y también el derecho a la salud de las mujeres y personas gestantes.
Las instituciones del Estado, servidoras y servidores públicos tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar la autonomía reproductiva de las personas, en correspondencia
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Instamos a
los Congresos locales de cada estado a visibilizar y retomar este hecho histórico para garantizar
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en todo el país.
Hoy nos encontramos ante un momento histórico para la democracia en la Ciudad de México.
Confiamos en que el Congreso de la Ciudad de México retome la discusión y apruebe esta
iniciativa en los próximos días.
Reconocer y respetar el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir
sobre sus cuerpos y proyecto de vida es un signo de madurez democrática y un paso fundamental
hacia la igualdad sin discriminación.
