El derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar es un tema de salud pública que debe garantizarse en un Estado laico y democrático. Preocupante injerencia antiaborto de la jerarquía católica en México.

Ciudad de México, 22 de octubre de 2024

En fechas recientes, hemos observado con gran preocupación la intensa actividad de la jerarquía católica en México, marcada por posturas rígidas y opositoras al derecho al aborto. Estas declaraciones enérgicas, emanadas de figuras prominentes como el cardenal de Michoacán, Alberto Suárez Inda, y el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, el Cardenal Arizmendi, han puesto de manifiesto una oposición contundente a cualquier intento de despenalizar el aborto, catalogándolo como un “homicidio” y una “barbarie”.

El obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, ha expresado su repudio no solo a la práctica del aborto sino también a las mujeres que toman esta decisión, proclamando que “¡es terrible!” y comparándolo con la violencia armada. Por su parte, el Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, ha manifestado su desacuerdo respecto a la forma en que se ha debatido esta cuestión legislativa, criticando el voto secreto de los diputados locales y la falta de transparencia en el proceso.

La Iglesia Católica Mexicana ha intensificado su campaña contra una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México, que propone eliminar el delito de aborto del Código Penal. A través de su editorial “Desde la Fe”, argumenta que las legislaciones a favor de este derecho de las mujeres están basadas en estadísticas falsas, desconociendo incluso las cifras oficiales del Estado mexicano.

Esta postura no sólo ignora la realidad social y los derechos de las mujeres, sino que también se opone a un enfoque más amplio que promueve la laicidad como condición básica del Estado para garantizar los derechos y la convivencia democrática. La autonomía de las personas, en particular de las mujeres y personas con capacidad de gestar, debe ser reafirmada, permitiendo la toma de decisiones respecto a su salud reproductiva sin la imposición de dogmas religiosos.

Es fundamental garantizar el acceso al aborto legal y seguro como un derecho basado en principios éticos, derechos humanos y libertad de conciencia. La condena actual de la jerarquía católica al aborto ignora una larga tradición dentro de la propia Iglesia que permitía el debate y la consideración de diferentes posturas sobre este tema.

Hacemos un llamado para que la discusión sobre el aborto se realice en un marco de respeto hacia la diversidad de opiniones y creencias, promoviendo un Estado verdaderamente laico y democrático.

Aidé García
Directora
CDD México