- Católicas por el Derecho a Decidir pide garantizar la laicidad del Estado y el respeto a la pluralidad de creencias.
- Hacemos un llamado a la Jerarquía de la Iglesia Católica y de otras iglesias a respetar los ámbitos que competen a las instituciones del Estado y a no oponerse al avance de los derechos humanos, sobre todo al derecho a decidir de las mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad de gestar.
Ciudad de México a 11 de mayo del 2022
Desde Católicas por el Derecho a Decidir, México, manifestamos nuestra preocupación frente a las voces que buscan imponer una mirada religiosa única en el contexto del debate público sobre el aborto en el estado de Guerrero. Ante el preocupante incremento de la violencia de género y la violencia sexual que persiste en la entidad, es preciso atender las realidades de las mujeres, adolescentes y niñas guerrerenses. Por ello, ante este asunto de salud pública, justicia social y derechos humanos, es fundamental que cualquier decisión se tome con base en los principios democráticos laicos del Estado establecidos en el art. 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que es indispensable que se respete la ética pública laica que permita el cumplimiento de las normas, se vele por la estricta igualdad de todas las personas ante la ley y se asegure la neutralidad de la función pública.
Recuperamos lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que menciona que la criminalización del aborto es inconstitucional, y recupera la importancia de la laicidad del estado,
“ya que significa que el Estado respeta y valora positivamente que las personas tengan creencias religiosas, éticas, ideológicas y de conciencia, pero se asegura que el Estado y las confesiones religiosas se encuentren separados. Esta óptica permite advertir que la constitucionalización del derecho a decidir reconoce la existencia de una multiplicidad de perfiles éticos, de conciencia y de religión, y se define como un presupuesto para la coexistencia armónica de cualquier convicción, en el sentido de que su diseño evita la imposición de cualquier visión por encima de otra, entendiendo al ser humano como racional y responsable de sus propias decisiones en pleno respeto de la propia autodeterminación”. (Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017)
Por ello, la discusión pública debe respetar la pluralidad, más allá de presiones que desean imponer una única visión de la moral sexual y atentan contra la progresividad de los derechos.
En ese sentido, hacemos un llamado a la Jerarquía de la Iglesia Católica y de otras iglesias evangélicas, a no intervenir en los asuntos que competen a las instituciones del Estado y a no oponerse al avance de los derechos humanos, sobre todo a los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas. Así como a respetar el marco jurídico que garantiza la laicidad del estado y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que delimita claramente los ámbitos de competencia en los asuntos de las políticas públicas.
En un Estado democrático y laico tenemos la obligación de asumir la responsabilidad de generar políticas públicas para una sociedad diversa y plural, y entender que las creencias religiosas no deben influir en las decisiones de la función pública o limitar el ejercicio de derechos.
¡Por maternidades como opción y no como destino ineludible!
Católicas por el Derecho a Decidir, México
