Desplegado: Obispos conservadores intentan impedir el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos humanos de las mujeres

Obispos conservadores intentan impedir el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos humanos de las mujeres

El 10 de diciembre se celebra mundialmente el día de los Derechos Humanos. Sin embargo, la protección de estos derechos es un gran desafío para el Estado mexicano. Particularmente en lo que se refiere a los derechos de las mujeres, el reto es inmenso.

En los pasados 32 años se registraron en el país 52 mil 210 muertes de mujeres en las que se presumió homicidio, de las cuales 15 mil 535 ocurrieron en los seis años recientes, es decir, 29.8 por ciento, de acuerdo con el estudio “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016” (INMUJERES Nacional/ONU Mujeres/SEGOB). En México son asesinadas 7 mujeres cada 24 horas, según datos del INMUJERES nacional de 2015, confirmados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en México se registraron 23,869 denuncias de violación sexual de enero de 2016 a octubre de 2017. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reporta que en México se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año y nueve de cada diez víctimas son mujeres. De acuerdo con las procuradurías de justicia estatales y la general, de enero de 2009 a junio de 2016 solo se emitieron 26 autorizaciones para acceder al aborto por la causal violación. En el mismo periodo, el IMSS, el ISSSTE y las secretarias locales de salud recibieron 51 autorizaciones para efectuar abortos por violación; mientras que el número de procedimientos reportados fue de 62 (GIRE).

El marco normativo mexicano establece la legalidad de la interrupción del embarazo por diversas circunstancias. Además, el Estado ha recibido una serie de recomendaciones por parte de mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres, como CEDAW y Belém do Pará, que afirman que, para garantizar los derechos humanos de la mujer, se requiere el acceso al aborto seguro y de calidad, y que, negar un servicio de salud que es sólo para mujeres, es un acto de discriminación. También ha recibido recomendaciones por parte de los grupos de trabajo donde se ha solicitado la alerta de género en México, en torno a la implementación     del acceso a servicios especializados para la interrupción legal del embarazo, especialmente por violación. Asimismo, en 2013 el Estado mexicano firmó el Consenso de Montevideo en el que se comprometió a modificar las leyes y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes.

 

Aun cuando algunos gobiernos están intentando cumplir con las normas vigentes, las autoridades están siendo objeto de amenazas y descalificaciones por parte de la jerarquía católica conservadora y organizaciones civiles aliadas, con la intención de impedir que cumplan con las leyes que protegen a las mujeres, específicamente las que garantizan el acceso a los servicios de aborto legal y seguro. Estos grupos han tratado de desvirtuar las políticas públicas que protegen el derecho de las mujeres víctimas de violación a interrumpir el embarazo producto de ese acto criminal, como es el caso de la Norma 046. Esta norma es el instrumento fundamental para que este derecho se cumpla en todo el territorio nacional y obliga a todas las autoridades a ofrecer y garantizar el suministro de la anticoncepción de emergencia a las mujeres víctimas de violación y a realizar la interrupción del embarazo a aquellas que así lo soliciten.

Es lamentable que el centro de estas agresiones sea el desconocimiento de la autoridad moral que tienen las mujeres para tomar decisiones y de los derechos que el marco legal les confiere. Promover legislaciones restrictivas que niegan el acceso al aborto legal y seguro es una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y al Estado laico.

Por lo anterior, exhortamos a las autoridades a cumplir con el marco normativo que permite el acceso a la salud reproductiva. Asimismo, instamos a los obispos a respetar las leyes que garantizan la integridad y la vida de las mujeres. Les exigimos además, que dejen de intervenir en políticas públicas y de vulnerar la laicidad del Estado, que ha sido el marco para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la no discriminación, a la libre autodeterminación y a la libertad de conciencia.

 

Responsable de la publicación: María de la Luz Estrada