BALANCE DEL OBSERVATORIO CUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PREVENCIÓN ESTABLECIDAS EN LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA EL ESTADO DE MÉXICO

A LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DEL

ESTADO DE MÉXICO. MAYO DE 2017.

 

Objetivo:

Dar continuidad a la implementación e institucionalización de las medidas de justicia, seguridad y prevención, para fortalecer la política pública y criminal diseñada a partir de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de México.

Antecedente de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de México:

El 8 de diciembre de 2010 se presentó la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (en adelante “Alerta de Género” o “AVG”), con la finalidad de diseñar y ejecutar medidas de justicia, seguridad y prevención para atender, de manera urgente, la problemática y detener su incremento.

Los motivos que fundamentaron la solicitud de Alerta de Género fueron los siguientes:

  1. De enero de 2005 a agosto de 2010 se registraron 922 homicidios dolosos con características de feminicidio, y en 526 casos se desconocía la identidad de los asesinos, es decir, se encontraban en impunidad.
  2. De los 125 municipios del Estado de México, se identificaron diez con altos índices de violencia y feminicidios (Ecatepec de Morelos, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli)

Después de casi 5 años de litigio y la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil, el día 28 de julio de 2015 se decretó la Alerta de Género para 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

El informe del Grupo de Trabajo conformado para la investigación sobre el contexto de violencia feminicida en el Estado de México estableció nueve conclusiones con sus respectivas recomendaciones. El Informe reconoce la existencia de un patrón de violencia feminicida principalmente en los 11 municipios señalados. Destaca que “un número significativo de los casos de homicidios dolosos de mujeres y feminicidios perpetrados en el Estado de México de 2005 al 2014 se encuentran inconclusos […], lo que podría indicar que las investigaciones llevadas a cabo no han sido realizadas con la debida diligencia y de manera exhaustiva”. También identificó que “en algunos casos, no sólo se incumple el deber de debida diligencia en las investigaciones por parte del personal ministerial, sino que existen actos de corrupción y obstrucción de justicia”.

Otro hallazgo importante fue que “existe un problema grave de desapariciones de mujeres y, en particular, de niñas y adolescentes en el Estado de México”.

Entre otras recomendaciones establece:

  • Adoptar todas las medidas para asegurar que se resuelvan en un plazo razonable todos los casos reportados para garantizar a las mujeres víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia y a la reparación integral.
  • Implementar medidas de revisión, supervisión y sanción a las y los servidores públicos encargados de la procuración de justicia que obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas o no investiguen con la debida diligencia y bajo una perspectiva de género, los casos de violencia contra las mujeres.
  • Realizar todas las acciones necesarias para la búsqueda y localización inmediata de las niñas y mujeres reportadas como desaparecidas, así como para garantizar la adecuada investigación y sanción de los responsables de su desaparición.
  • Diseñar e implementar mecanismos de búsqueda y localización inmediata de niñas y mujeres desaparecidas que permitan la efectiva coordinación de las instancias de los distintos niveles de gobierno y la articulación con actores estratégicos como los medios de comunicación.
  • Rediseñar los procesos de capacitación y profesionalización del personal del estado en su conjunto, pero especialmente en los ámbitos de salud y de procuración de justicia, mediante el apoyo de instituciones y personas especializadas en acceso a la justicia, perspectiva y violencia de género, así como derechos humanos de las mujeres.
  • Integrar adecuadamente el Banco de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres del Estado de México (BADAEMVIM). Diseñar una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, así como la creación y adopción de los protocolos y procedimientos institucionales necesarios, a nivel estatal y municipal, para la tramitación de las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia.
  • Fortalecer a las instituciones encargadas de la atención de mujeres en situación de violencia y de las personas agresoras con espacios apropiados y personal suficiente para la atención psicológica de las mujeres en situación de violencia, así como asesoría y acompañamiento jurídico especializados.
  • Generar campañas permanentes de prevención a nivel estatal, municipal y comunitario con el fin de dar a conocer los derechos humanos de las niñas y mujeres (incluidas las migrantes), con especial énfasis en su derecho a una vida libre de violencia.

Adicionalmente a las recomendaciones emitidas por el Grupo Interinstitucional y  Multidisciplinario GIM, la Secretaria de Gobernación insta al Gobierno del Estado de México a adoptar 17 medidas complementarias de seguridad, justicia y prevención.

Proceso de implementación de la AVG.

Con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de las medidas recomendadas, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, se conformó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), en el que participan Instituciones Federales como la CONAVIM, INMUJERES, PGR, la CNDH; organizaciones de la sociedad civil; instituciones del Gobierno del Estado de México -representadas por la Consejería Jurídica-; y representantes de instituciones académicas y de investigación.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, como organización peticionaria e integrante del GIM, ha dado acompañamiento técnico y asesoría para el cumplimiento de las medidas, entre las que destacan:

  • La elaboración de los contenidos de la campaña “No las arranquen de nuestras vidas”.
  • El proceso de creación e implementación de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General del Estado.
  • La metodología para la revisión de expedientes en archivo o reserva realizada por el Grupo Especializado conformado mediante Acuerdo del Procurador.
  • La elaboración del Protocolo Alba y el diseño del mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas en los municipios.
  • Capacitación a la Secretaría de Salud para la implementación de la NOM-046, sobre violencia sexual y familiar.
  • Instalación y acompañamiento de la mesa de víctimas de violencia feminicida, a partir de las reuniones con el Gobernador y autoridades del Estado de México.

Para garantizar la eficacia de las medidas se requieren de cambios estructurales y voluntad política. Los esfuerzos realizados hasta el momento por el Ejecutivo estatal han sido muy importantes, pero no suficientes. El contexto actual sigue siendo preocupante.

De acuerdo con las cifras más recientes proporcionadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de enero de 2015 a diciembre de 2016, se cometieron 626 asesinatos de mujeres, de los cuales  el 47% de los casos (296) fueron investigados como feminicidios. Sobre el tema de violencia sexual contra las mujeres en el Estado de México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que en el 2016 se denunciaron 2,148 casos de violación, mientras que, de enero a febrero de 2017, han sido denunciados 302 hechos.

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De acuerdo al último informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de enero de 2009 a junio de 2016 se denunciaron un total de 18,292, violaciones, en el Estado de México.

Por lo anterior, hacemos un balance de las acciones realizadas en el marco de la Alerta, así como los desafíos que presenta esta grave problemática:

 

Medidas de Seguridad.

  1. Publicar en lugares estratégicos y divulgar los alcances de la AVGM con información accesible a la población.

Avances:

Se diseñó y publicó la campaña “No dejemos que las arranquen de nuestra vida”, en el mes de mayo de 2016, con contenidos de prevención y obligaciones estatales en materia de feminicidio y desapariciones.

Se creó una página web para que la ciudadanía conozca las acciones que están emprendiendo las autoridades estatales y municipales en el marco de la Alerta.

Se creó la Línea sin Violencia 01 800 10 84 053.

Desafíos:

  • Se requiere mayor difusión de los contenidos de prevención y acciones que la ciudadanía puede exigir a las autoridades ante hechos de violencia familiar, sexual, feminicidio, o desapariciones de niñas y mujeres.
  • Mayor difusión e información comunitaria por parte de las autoridades municipales sobre acciones de prevención y seguridad dirigidas a las mujeres, principalmente en las zonas de mayor riesgo.

 

  1. Diseñar y ejecutar una estrategia para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia mediante la implementación de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres.

Avances:

Los elementos de seguridad pública realizan recorridos en cada una de sus zonas de responsabilidad a efecto de brindar seguridad a la población. Se han implementado operativos de seguridad preventiva cerca de diversas instituciones escolares con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas, en especial en los 11 municipios de la entidad declarados en Alerta de Género.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) ha elaborado mapas geo-referenciados sobre delitos de violencia contra las mujeres, que permiten identificar las zonas de mayor incidencia en los 11 municipios.

Desafíos:

  • Si bien las autoridades municipales y estatales reportan la colocación de luminarias, realización de patrullajes, operativos preventivos, como acciones implementadas en el marco de la recuperación de espacios públicos, estas acciones están desfasadas de los mapas geo-referenciales de las zonas de riesgo, elaborados por la CES, y del diseño de un modelo de recuperación de espacios púbicos con perspectiva de género, comprometido por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS).

 

3.1. Valorar objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia y garantizar su efectiva ejecución.

Avances:

El 22 de abril de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de México el Protocolo de Actuación Policial que incluye algunas acciones en materia de protección.

Desafíos:

  • El Protocolo publicado es insuficiente para coordinar a otras instancias obligadas en materia de protección, como la Fiscalía y el Poder Judicial.
  • No se cuenta con un mecanismo de atención, coordinación y seguimiento de las medidas de protección.
  • No se ha modificado la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de órdenes de protección, ya que no es clara en establecer competencias

3.2. Emprender acciones inmediatas para buscar y localizar a niñas y mujeres desaparecidas.

  1. Decreto Administrativo por parte del Gobernador del Estado para que las autoridades proporcionen atención inmediata en estos casos con base en criterios internacionales y el Protocolo Alba.

Avances:

Se publicó el 4 de noviembre de 2015 el Decreto administrativo para atender la AVG en el que se establecen acciones de búsqueda inmediata y coordinación en casos de desaparición de niñas y mujeres.

Se trabajó en la actualización del Protocolo Alba, publicado mediante Acuerdo interinstitucional el 23 de marzo de 2017.

Se diseñó un mecanismo de búsqueda y coordinación con células de reacción inmediata de policía municipal.

Desafíos:

  • Si bien se diseñó un mecanismo para la búsqueda inmediata coordinado por la Fiscalía de Personas Desaparecidas y se han conformado células de búsqueda municipales, éstas cuentan con poco personal, por lo que es fundamental garantizar los recursos humanos y materiales para su adecuado funcionamiento.
  • Instalar un mecanismo interinstitucional de evaluación y seguimiento de la implementación del Protocolo, a cargo de la Secretaría de Gobierno, con participación de la sociedad civil.

Medidas de Justicia:

  1. Adoptar medidas para garantizar que se investiguen y resuelvan todos los casos de delitos vinculados a la violencia de género, así como el acceso a la justicia y la reparación del daño.

1.1 Elaboración de Protocolos de investigación y cadena de custodia

Avances:

El 22 de abril de 2016 se publicó en la Gaceta el Protocolo de actuación en la investigación del delito de Feminicidio y el Protocolo de actuación policial con perspectiva de género para casos de violencia contra las mujeres.

Desafíos:

  • En la práctica, el Protocolo de feminicidio no se implementa. Hasta la fecha, no se ha logrado que las investigaciones se hagan con debida diligencia y perspectiva de género. No se inician las investigaciones como un feminicidio.
  • No hay mecanismo de seguimiento y evaluación de la efectiva implementación del Protocolo.

1.2. Conformar un grupo de especialistas de la PGJEM que se encargue de diagnosticar los expedientes en archivo o reserva, relacionados con feminicidios u homicidios dolosos de mujeres, e identifique las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.

Avances:

Se publicó el Acuerdo 22/2015 por el que se crea el Grupo de Revisión de Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación relacionadas con violencia de género, el cual está conformado por 9 Agentes del MP.

De un total de 569 averiguaciones previas (de enero de 2005 a julio de 2015), el grupo informó sobre la revisión de 258 expedientes de casos que ya no se estaban investigando. En el 10% de estos expedientes se pudo identificar a los probables responsables. Hasta el momento se desconoce el informe final con los resultados de la revisión total de expedientes.

Desafíos:

  • Se desconoce el informe final con los resultados de la revisión total de expedientes.
  • Si bien se revisaron 258 expedientes, en el 10% de éstos se pudieron identificar a los probables responsables. Se desconoce el seguimiento que se hizo a esos casos.
  • Que el grupo de revisión de expedientes sea institucionalizado y fortalecido, para que sea un grupo supervisor de la implementación del protocolo de feminicidio.

 

1.3 Creación del Grupo Especializado de Investigación con Perspectiva de Género para casos de alto impacto.

Avances:

Acuerdo publicado el 6 de mayo de 2016 por el que se crea el Grupo Especializado para la Atención e Investigación de Asuntos de Alto Impacto relacionados con muertes violentas de mujeres, cuya conformación tuvo origen mediante acuerdo que crea el grupo especializado para la investigación del caso de Mariana Lima Buendía, en cumplimiento de la sentencia de la Primera Sala de la SCJN.

Desafíos:

  • Fortalecer el Grupo especializado para que tenga un mayor impacto en la debida diligencia de los casos asignados e incorporar personal calificado para brindar asesorías y asistencias especializadas a los Ministerios Públicos.
  1. 1 Diseñar una página web que brinde información general y fotografías de desaparecidas o extraviadas; información sobre las activaciones de la Alerta Amber; los números de teléfonos de los diferentes servicios que proporcionan apoyo de emergencia y atención a mujeres y niñas víctimas de violencia de género y avances en las investigaciones por delitos vinculados al mismo tema.

Avances:

Creación de la Unidad de Género en la Secretaría de Educación para la difusión de las cédulas de ODISEA y Alerta Amber.

Desafíos:

  • Contar con información clara y actualizada para la población sobre el estado que guardan los casos de desaparición.
  • Fortalecer los Módulos ODISEA como entes de gestión en la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.

 

2.2 Construir, con la asesoría de especialistas nacionales e internacionales, una base de datos de material genético para poder cruzar la información de los restos encontrados con la información genética de los familiares y la generación de lineamientos específicos, como manuales antropológicos y forenses.

Avances:

En coordinación con la PGR, el Instituto de Ciencias Forenses y SEMEFO de Puebla, se implementó el Protocolo de Tratamiento de Identificación Humana, el cual facilitará la implementación de la Base de Datos AM/PM.

Se crearon Unidades de gestión de información de cadáveres de identidad desconocida y de personas desaparecidas o ausentes. Dichas unidades tienen como objetivo concentrar la información y expedientes completos de cadáveres de identidad desconocida en el Estado de México, atender a personas en búsqueda de sus familiares ausentes, así como girar información a las unidades de Concentración de información de la PGR.

Desafíos:

  • Garantizar el uso y aprovechamiento de la base de datos para agilizar la identificación de los restos de las personas desaparecidas o ausentes.

 

  1. Crear una Unidad de Contexto para la Investigación de Feminicidios que, mediante la elaboración de análisis antropológicos y sociológicos, permita identificardinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad.

Avances:

Publicación del Acuerdo de fecha 6 de mayo de 2016, por el que se crea la Unidad de Análisis y Contexto (UAC) para la investigación de delitos vinculados a feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones de niñas y mujeres de la PGJEM.

Publicación de la Convocatoria y realización del proceso de selección, contratación y capacitación del personal que actualmente conforma la Unidad de Análisis y Contexto.

Le fueron asignados 3 casos paradigmáticos, con la finalidad de que la UAC contribuya al avance de las investigaciones y a identificar estructuras criminales que participaron en los hechos.

Desafíos:

  • Que la UAC esté incorporada en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ya que su enfoque es fundamental en las investigaciones de casos de violencia de género, para la identificación de modus operandi y patrones de la violencia que pone en riesgo la vida e integridad de las mujeres.
  • Que la UAC ayude a fortalecer o generar líneas de investigación en casos específicos de feminicidio, desaparición y otros.

 

  1. Establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores/as públicos que violen el orden jurídico aplicable en materia de violencia de género.

Avances:

El 24 de noviembre de 2015   se crea la Mesa Única de Trámite para la Atención a los Delitos Vinculados a la Violencia de Género en la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos.

Desafío:

  • Reformar la legislación para que los casos de omisiones o negligencia por parte de servidores públicos sean considerados como delitos graves y no proceda la prescripción de los mismos por tratarse de una violación a los derechos humanos.

 

  1. Conformar un grupo de trabajo que revise y analice exhaustivamente la legislación estatal relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen dichos derechos. Establecer una agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar estas disposiciones.

Avances:

Se reportan varias reformas al Código Civil, Código Penal, Ley de Víctimas, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

Desafíos:

  • Continuar con la armonización legislativa que garantice los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia en todos los ámbitos.

 

Medidas de Prevención.

En cuanto a las medidas de prevención contempladas en el Informe de la Alerta de Violencia de Género, es importante mencionar que los avances para su cumplimiento fueron mínimos.  Es primordial avanzar en su fortalecimiento para reducir los feminicidios y otros tipos de violencia contra las mujeres.

No es suficiente que se considere un programa de capacitación, si éste no genera cambios de actitudes que fortalezcan la prevención de la violencia como un compromiso institucional. Lo importante es promover acciones que generen cambios de actitudes en las y los servidores públicos, así como en la población a través de una estrategia educativa efectiva para la deconstrucción de la discriminación contra las mujeres.

Es claro que los desafíos que se presentan ante la grave problemática de violencia feminicida en el Estado de México requieren de dar continuidad a las políticas públicas establecidas y de la evaluación y seguimiento de su efectiva implementación. Por ello, el OCNF hace un llamado a las candidatas y candidatos a la gubernatura del Estado de México para que ofrezcan propuestas y acciones claras para continuar con la implementación de las medidas de seguridad, justicia y prevención de la AVG que deben ser adoptadas como prioridad dentro del diseño de su política de gobierno, con el fin de erradicar la violencia feminicida en el Estado de México.

 

 

 

Ma. de la Luz Estrada Mendoza

Coordinadora Ejecutiva

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio