Balance del OCNF sobre la implementación de la declaratoria de Alerta de violencia de género en el Estado de México

En el marco del contexto electoral en el Estado de México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) hace un balance sobre la implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la entidad para que las candidatas y candidatos tomen en cuenta en su agenda política los desafíos pendientes en materia de violencia contra las mujeres y acceso a una vida libre de violencia.

Después de analizar la implementación de la Alerta de Género, el OCNF considera que los esfuerzos realizados hasta el momento han sido muy importantes, pero insuficientes.

El balance realizado por el OCNF analiza las acciones implementadas por parte del gobierno del Estado de México divididas en tres ejes fundamentales: seguridad, justicia y prevención. Este balance también señala los desafíos que presenta esta grave problemática.

Medidas de seguridad

 Publicar en lugares estratégicos y divulgar los alcances de la Alerta de Violencia de Género con información accesible a la población.

Avance: En mayo de 2016 se lanzó la campaña “No dejemos que las arranquen de nuestra vida” con el objetivo de que la ciudadanía conozca las obligaciones estatales en materia de feminicidio y desapariciones y sepa las acciones de prevención que se están emprendiendo en el marco de la Alerta.

Desafío: Se requiere mayor difusión por parte de las autoridades municipales sobre las acciones de prevención y seguridad dirigidas a las mujeres, principalmente en las zonas de mayor riesgo para que la ciudadanía pueda exigir protección a las autoridades ante hechos de violencia familiar, sexual, feminicidio y desapariciones.

Publicación del Protocolo Alba y del Decreto Administrativo del Gobernador del Estado para que las autoridades proporcionen atención inmediata en casos de desaparición de niñas y mujeres con base en criterios internacionales.

Avance: Se trabajó en la actualización del Protocolo Alba, publicado mediante un acuerdo interinstitucional el 23 de marzo de 2017. Además, se diseñó un mecanismo para la búsqueda inmediata durante las primeras 24 horas de una desaparición, coordinado por la Fiscalía de Personas Desaparecidas, asimismo se han conformado células de reacción inmediata de policía municipal.

Desafío: Instalar un mecanismo interinstitucional de evaluación y seguimiento sobre la implementación del Protocolo Alba, a cargo de la Secretaría de Gobernación, con participación de la sociedad civil. Es fundamental garantizar los recursos humanos y materiales para que las células de búsqueda municipales tengan un funcionamiento adecuado.

Medidas de justicia

 Conformar un grupo de especialistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) que se encargue de diagnosticar los expedientes en archivo o reserva, relacionados con feminicidios u homicidios dolosos de mujeres, e identifique las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.

Avance: En noviembre 2015 se publicó el Acuerdo 22/2015 para conformar el Grupo de Revisión de Expedientes relacionados con Homicidios Dolosos de Mujeres y Feminicidios en reserva o archivo, integrado por nueve agentes del Ministerio Público. De un total de 569 averiguaciones previas (de enero de 2005 a julio de 2015), el grupo informó sobre la revisión de 258 expedientes de casos que ya no se estaban investigando. En el 10% de éstos expedientes se pudo identificar a los probables responsables. Hasta el momento se desconoce el informe final con los resultados de la revisión total de expedientes.

Desafío: Institucionalizar y fortalecer el grupo de revisión para que supervise la implementación del protocolo de feminicidio, que incluye la identificación de responsables y la revisión de expedientes.

Establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores/as públicos que violen el orden jurídico aplicable en materia de violencia de género

Avance: El 24 de noviembre de 2015 se creó la Mesa Única de Trámite para la Atención a los Delitos Vinculados a la Violencia de Género en la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos.

Desafío: Reformar la legislación para que los casos de omisiones o negligencias por parte de servidores públicos sean considerados como delitos graves y no proceda la prescripción de los mismos por tratarse de una violación a los derechos humanos.

Medidas de prevención:

Los avances en el cumplimiento de las medidas de prevención contempladas en la Alerta de Género fueron mínimos.

Desafíos: Es primordial avanzar en su fortalecimiento para reducir los feminicidios y otros tipos de violencia contra las mujeres. También se deben promover acciones que generen cambios de actitudes en las y los servidores públicos, así como en la población a través de la elaboración de una estrategia educativa efectiva para la deconstrucción de la discriminación contra las mujeres.

Después de casi cinco años de litigio y la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil, el 28 de julio de 2015 se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 11 municipios del Estado de México[1] con la finalidad de diseñar y ejecutar medidas de justicia, seguridad y prevención para atender, de manera urgente, la problemática de la violencia contra las mujeres y detener su incremento.

Sin embargo, el contexto actual sigue siendo preocupante. De acuerdo con las cifras más recientes proporcionadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de enero de 2015 a diciembre de 2016, se cometieron 626 asesinatos de mujeres, de los cuales   el 47% de los casos (296) fueron investigados como feminicidios. Sobre el tema de violencia sexual contra las mujeres en el Estado de México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que en el 2016 se denunciaron 2,148 casos de violación, mientras que, de enero a febrero de 2017, han sido denunciados 302 hechos.

Es claro que los desafíos que se presentan ante la grave problemática de violencia feminicida en el Estado de México requieren continuidad a las políticas públicas establecidas y de la evaluación y seguimiento de su efectiva implementación. Por ello, el OCNF hace un llamado a las candidatas y candidatos a la gubernatura del Estado de México para que ofrezcan propuestas y acciones claras para continuar con la implementación de las medidas de seguridad, justicia y prevención de la AVG que deben ser adoptadas como prioridad dentro del diseño de su política de gobierno, con el fin de erradicar la violencia feminicida en el Estado de México.

[1] Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco.